[LA PICOTA] El contribuyente puede esperar

La “toma” de administraciones y receptorías de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio (super sic) del Estado (STASPE), en rechazo a los pagos en efectivo de los contribuyentes, so pretexto de que con esa medida se violenta la ley monetaria federal, es el más craso signo de la corrupción que impera en el primer contacto del sistema recaudatorio de la entidad.
Acciones como ésta no son nuevas. Se materializan cada vez que la autoridad estatal intenta tomar medidas para que el dinero que los michoacanos aportan al erario público en vía de impuestos no toque manos humanas.
¿Por qué le interesaría a Antonio Ferreira Piñón, sempiterno líder sindical, echar atrás la medida de pago digital, e intentar hacer que permanezca habilitado el pago en efectivo¬?
Él aduce que su intervención obedece a buscar la vigencia y cumplimiento de “un derecho de la población”. Acaso se le olvidad que no es más que un simple líder gremial, y no representante popular que no ostenta más que la personería de los burócratas.
Lo que en realidad duele, es que medidas como el pago digital de impuestos, privan de ganancias extralegales a los recaudadores de primera mano ante la tolerancia tácita de los funcionarios de finanzas y la inacción de las autoridades fiscalizadores (FGE, Secretaría de Contraloría y Auditoría Superior de Michoacán).
Está en la total opacidad el número de denuncias que la autoridad ha presentado por la posible comisión de peculados en este contexto, a pesar de que el Secretario de Finanzas reconoce, cuando menos, la existencia de “propinas” por parte de notarios públicos y de interpósitos gestores encargados del trámite, por volumen, de placas, licencias y tarjetas de circulación, quienes actúan con la innegable complicidad de trabajadores del Gobierno del Estado.
Tampoco se conocen los montos deferaudados a la entidad , a pesar de que hay inequívocos indicios de que es una práctica común en las oficinas recaudadoras la duplicidad de recibos, la emisión de licencias, tarjetas de circulación y otros documentos apócrifos.
Todo acto de corrupción constituye un hecho transgresor de la licitud, ya sea administrativa o penal, por lo que al asumir el sindicato la defensa de miembros suyos presumible implicados en la comisión de actos de esta naturaleza, lo que hace en realidad es desvirtuar su objetivo original: la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores frente al patrón y lo que busca en realidad es obstaculizar la determinación de una responsabilidad a sus agremiados.
Por otro lado, estas “tomas” ponen de manifiesto también la franca debilidad y pánico que tiene la patronal encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, quien permanece manso y sumiso ante el amenazante sindicato, al que ordinariamente se le permite extralimitarse en sus funciones, interviniendo en la quita y designación, a su antojo, de titulares de dependencias gubernamentales, en claro desmedro de las atribuciones del titular del Poder Ejecutivo.
Es evidente que Antonio Ferreira es quien impone la política burocrático-laboral a Ramírez Bedolla, ante la omisiva complacencia de quien llegó a encabezar el Gobierno del Estado por un necio capricho del destino.
En esa lid político-sindical, en donde el trabajador parece ser el patrón, y éste ocupar la posición de aquél, quienes en realidad resultan afectados y agraviados son “primero los pobres”, pero los más pobres, aquellos que MORENA dice son su prioridad, es decir, los ciudadanos que por su falta de acceso a servicios bancarios tienen que acudir, necesariamente, a la sede de las oficinas recaudadoras a formarse por horas, y luego de recibir tratos indignos por los repesentados de Ferreira Piñón, en algunos casos darse cuenta que el monto de la gabela que pretendían enterar al erario público, ¡no llegó a su destino!.
Pero, no importa… se trata del contribuyente, y éste… éste puede esperar…