- Ordena Juzgado Tercero de Distrito suspensión definitiva del megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas
- Obtiene Consejo Comunitario Ixil suspensión definitiva de la Zona Metropolitana de Mérida y de parque eólico Chicxulub
- Representantes de Santa María Chí, Ixil, Sisal y Molas denuncian criminalización de defensa del territorio, anuncian acciones conjuntas
- Denuncia Consejo Comunitario de Kinchil devastación de importantes vestigios arqueológicos y de selva por parte de CRIO
- Última hora: se fija para mañana audiencia en la que se espera se sobresea la carpeta de investigación en contra de Wilberth Nahuat Puc
Mérida, 29 de octubre de 2025
En conferencia de prensa representantes de Consejos Comunitarios de las comunidades de Ixil, Kinchil, Santa María Chí, Dzitnup, Sisal y Molas, los Comisarios Municipales de Santa María Chí y Dzitnup, y el director de Fundación Yansa AC presentaron avances y denuncias.
Suspensión definitiva de la Zona Metropolitana de Mérida, del parque eólico Chicxulub y del megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas
L@s representantes de Ixil comunicaron dos victorias importantes. Emanuel Chan, del Consejo Comunitario Ixil, comunicó que la comunidad decidió en asamblea que no desea ser parte de la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM), por lo que encargaron al Consejo Comunitario presentar un amparo para ser excluidos de este acuerdo, obteniendo una orden de suspensión definitiva que impide la ejecución del convenio por el que se delimita y confirma la ZMM. Como respuesta, el Ayuntamiento de Ixil solicitó la terminación anticipada del convenio, lo que permitirá al Gobierno del Estado continuar la conformación de la ZMM con los otros 13 municipios firmantes, ya sin Ixil. El presidente municipal de Ixil anunció que su cabildo decidió retirar a Ixil de la ZMM, cuando en realidad es el amparo del Consejo Comunitario que consiguió pararlo. Consultado sobre los motivos de no querer formar parte de la ZMM, Emanuel afirmó: “si nos integran en la Zona Metropolitana, estaría amenazada nuestra cultura y forma de vida, así como las tierras que trabaja la comunidad, todo estaría amenazado. Hemos investigado y vemos que la población originaria se verá desplazada, las inmobiliarias se harán con tierras a precio ridículo y luego lo venden a millones”. Aclaró que no están en contra del progreso, lo que buscan es progreso ordenado que respete la cultura y tradiciones.
Peregrina Cutz, también parte del Consejo Comunitario Ixil, informó que están amenazados por la construcción del parque eólico Chicxulub y que el Consejo Comunitario presentó un amparo para dejar sin efecto su autorización, logrando una orden de suspensión definitiva del proyecto. Enfatizó que como comunidad indígena tienen el derecho a la consulta libre, previa e informada, que no es solo decisión de autoridades sino del pueblo. Explicando las razones de la oposición de la comunidad, aclaró que no está en contra de las energías limpias, pero el suelo de Ixil no es apto para perforaciones tan grandes que provocan que el agua salada y dulce se mezclan. Mencionó también que cuando ella quiso saber los beneficios para el pueblo le dijeron que la energía que se producirá no es para Ixil ni para Yucatán. Se aclaró que la Secretaría de Energía y SEMARNAT autorizaron este parque asegurando que las tierras donde pretendía construirse son propiedad privada, cuando se trata de tierras ejidales de uso común.
Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, informó sobre la suspensión definitiva emitida por el Juzgado Tercero de Distrito para el megaproyecto inmobiliario de Ciudad Maderas, en el municipio Progreso: “Interpuse una denuncia en 2023 ante PROFEPA por los impactos a la selva y los humedales costeros. No hubo ningún resultado, por lo que en 2025 interpuse otra denuncia ante la Fiscalía General de la República y al día siguiente PROFEPA me comunicó que cerraron su investigación y que el proyecto no presentaba ninguna irregularidad, pese a que la lectura de los informes evidencia irregularidades y graves omisiones. Interpuse una demanda de amparo contra el cierre de la carpeta por la PROFEPA y con base en los informes rendidos por PROFEPA y SEMARNAT presenté una ampliación de la demanda, logrando la suspensión definitiva del proyecto. Esto significa que Ciudad Maderas no puede llevar a cabo ninguna actividad en terreno mientras dure el juicio, siendo PROFEPA y SEMARNAT responsables de asegurar que la empresa acate la orden.” Respondiendo a las preguntas, explica que las tierras eran ejidales de uso común que fueron parceladas y privatizadas, pese a que la Ley Agraria declara nulo de pleno derecho el parcelamiento de tierras de uso común con selvas o bosques. Señaló que “personas de comunidades afectadas por Ciudad Maderas querían detener el proyecto pero no quisieron ser parte de la demanda por temor a represalias, por ese motivo la demanda solamente fue firmada por mí, pero responde a una preocupación fuerte por comunidades cercanas al desarrollo. Es comprensible que haya este temor pues vivimos bajo un sistema judicial desigual, en el que se protege a actores privados e intereses económicos poderosos cuando violan la ley, frente a estos intereses pareciera que las leyes están de adorno. Sin embargo se usa a la Fiscalía Estatal y a la PROFEPA para criminalizar a quienes defienden el territorio, medio ambiente y salud de la población, o incluso por organizar asambleas”.
Rechazo a la criminalización de las comunidades
Wilberth Nahuat, Comisario Municipal de Santa María Chí, inicia diciendo “pareciera que defender nuestro territorio es un delito para las empresas y el gobierno”. Fue denunciado por secuestro debido a que organizó una protesta pacífica ante la granja porcícola en Santa María Chí. Pidieron el no ejercicio de la acción penal debido a que no había ninguna prueba que sustentara la denuncia, pero la fiscalía dejó pasar 10 meses sin que se hicieran las investigaciones ni se tomara una decisión, dejándole en un limbo legal. “Utilizan el aparato, tanto el empresario que coopta y tiene dinero y la fiscalía para dejar pasar tanto tiempo, eso les cuestionó el juez”. Dijo también que la fiscalía no hace su trabajo, no tienen profesionalismo ni ética y eso repercute en las comunidades que tienen miedo porque utilizan las lagunas en el código penal para hacer esto. En su caso pasó casi un año sin que se hiciera nada, sufriendo las consecuencias psicológicas de no saber si le vincularían a proceso por un crimen que no cometió. Afirmó: “Estas denuncias son en realidad para amedrentar las comunidades, ahora se retractan por la presión social que es nivel nacional e internacional”. Para finalizar indicó que espera que la granja no impugne la decisión del juez y si lo hace seguirá defendiéndose. Consultado sobre si la granja sigue operando, respondió que sigue operando y la comunidad quiere saber los términos y condiciones de la clausura, pero PROFEPA no les da esa información hasta ahora. Es evidente que siguen trabajando, por lo que hace un llamado al gobierno para asegurar que la clausura se ejecute sin más demora.
Alejandro Pech Poot dio a conocer que formaron el Consejo Indígena de Dzitnup, del que forma parte, para defender los derechos y territorio de la comunidad ante tribunales. Manuel Góngora Pat, poblador de Diztnup, dijo que la lucha por la recuperación de los cenotes es de años y que continuará el tiempo que sea necesario. Don Baldomero Poot Mo, Comisario Municipal de Dzitnup, relató en maya que es una de las personas denunciadas y citadas por la Fiscalía, cuando la comunidad solo recuperó algo que es de ellos, esas tierras estaban tituladas y registradas como propiedad colectiva, pero el gobierno les expropió para concesionar los cenotes a empresas privados sin beneficios para la comunidad. Pidió que autoridades estatales, el Presidente Municipal de Valladolid y la Presidenta de la República les apoyen; también pidió apoyo a 38 comisarías de Valladolid que se unan con ellos para recuperar el patrimonio del pueblo. Se informó que hay una denuncia de los propietarios de la empresa Alves contra cuatro personas de la comunidad incluyendo el comisario municipal, quien se reservó el derecho a declarar. Pese a ello, la Fiscalía lo citó por segunda vez, lo que es un acto de molestia arbitrario que no se fundamentó ni motivó. La fiscalía requirió a don Baldomero el mismo día que lo pidió el empresario, sin hacer ningún tipo de investigación previa que lo justifique, lo que deja claro que no se trata de un acto de investigación. Por el actuar de la fiscalía, existe la probabilidad de que sea una actuación desleal con el fin de beneficiar al empresario.
Guillermo Yam, poblador de Ixil, denunció que han sido criminalizados por la fiscalía y empresarios para despojarles de su territorio, desde el 2023 la fiscalía ordenó cerrar con alambre con púas parte de las tierras de cultivo que dificultan seguir trabajando la tierra. Sobre este punto se aclaró que hay una denuncia de miembros de las familias Abimerhi y Millet, quienes afirman que la comunidad les despojó de tierras que ellos tenían en posesión pacífica, lo cual es totalmente falso pues llevan siendo trabajadas por la comunidad desde hace generaciones. La fiscalía abre una carpeta de investigación y estas familias piden el aseguramiento de tierras. La fiscalía ordena el aseguramiento, pese a que en la carpeta no obra ninguna prueba de que la comunidad haya despojado a ningún empresario de ningunas tierras. La fiscalía, basándose únicamente en el dicho de estos empresarios, ordena un operativo con cientos de policías y presencia policial permanente desde hace más de dos años para que nadie toque los alambres. Cualquier persona de la comunidad puede decir que esas tierras siempre estuvieron en posesión de la comunidad y no de los empresarios. Los denunciados (incluyendo a Sergio Oceransky, denunciado por estas familias de “incitar” a la población) ofrecieron como prueba un peritaje del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); la fiscalía inicialmente cuestiona dicho peritaje y tras recibir respuestas a su cuestionamiento, no responde durante meses, teniendo que llevarse a cabo una audiencia de control para desbloquear el proceso. Pareciera que la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de forma arbitraria, pese (o quizás debido) a las consecuencias negativas que el aseguramiento de tierras tiene para toda la comunidad. Este es un ejemplo más de cómo se usa la fiscalía y el aparato de justicia para perjudicar a la comunidad y defensores, y beneficiar a familias e intereses poderosos.
Teresa Andueza, del Consejo Comunitario Indígena de Sisal, informa que desde que Sisal fue definido como pueblo mágico y con su nombramiento de playa platino empezaron los problemas, que se pueden resumir en que las autoridades deciden por el pueblo. Se dieron cuenta que estos nombramientos fueron con fines comerciales, de vender terrenos a inmobiliarias, hasta se empezaron a privatizar caminos y áreas que siempre ha utilizado la población y que se construyen condominios y hoteles. Se preguntan por qué a ellos les dan permisos y autorizaciones para destruir, pero si el pueblo lo denuncia son amenazados, ya varias mujeres fueron amenazadas por grabar la destrucción hecha por intereses privados, y ahí se dan cuenta que los empresarios están bien protegidos. Todo esto radica en un desarrollo turístico que así como da te quita, se hablan de turismo sustentable con beneficios a la comunidad pero no es así, la comunidad ya no tiene espacio para vivir, les preocupa la entrada de droga, que cobren derechos de piso, no quieren perder sus tradiciones, son un pueblo pacífico que han utilizado sus recursos de manera sustentables. El pueblo se cansó de todo esto, luchó y terminó criminalizado, pero continuaron en lucha, por eso han formado el Consejo Comunitario Indígena, para defenderse y decidir como comunidad maya su derecho a libre determinación, quieren cuidar y proteger su territorio como pueblo indígena. Concluye señalando que las personas de Sisal que tienen carpetas abiertas no son delincuentes, y deben ser juzgados con perspectiva indígena.
Ramiro Melchor, miembro del Consejo Comunitario de Molas, denunció que el 13 de octubre cuatro integrantes de la fiscalía fueron a su casa a sacar fotos y averiguar sus datos personales y el 17 de octubre llegaron citatorios para dos personas de la comunidad, para presentarse a la fiscalía sin saber el motivo. Cuando fueron a la Fiscalía se enteraron que se debió a la convocatoria que hicieron al pueblo para una asamblea comunitaria cuyo fin era conformar el Consejo Comunitario. Aclara que ellos no son delincuentes y no han cometido ningún delito y se pregunta por qué no van sobre las personas que venden droga, en lugar de ir contra inocentes. Jorge Rogelio Narváez, también parte del Consejo Comunitario de Molas, explica que en su comunidad tienen muchas tierras que es fundo legal pero que hay tres y hasta cuatro familias viviendo en una casa porque no tienen un terreno, mientras un particular se ostenta como dueño de cientos de hectáreas, incluyendo el cementerio, la escuela secundaria y numerosas viviendas construidas hace muchas décadas. Cuenta que él fue uno de los citados a la Fiscalía el 21 de octubre, y que parece ser que quien le señala es la persona que se ostenta como dueña de todas esas tierras de la comunidad. Se explica que aparentemente dicha persona ingresó un escrito en la fiscalía planteando la organización de la asamblea comunitaria como si fuera delito, lo cual es absurdo. Cualquier ciudadano puede denunciar lo que quiera, pero la fiscalía, como órgano técnico y capacitado, tiene como obligación al debida diligencia, probidad y objetividad. En lugar de advertir que se trataba de una asamblea comunitaria legítima, en ejercicio del derecho a la libre asociación y a la autodeterminación de las comunidades indígenas, decidió ejercer contra estas personas la investigación, dándoles la calidad de imputados. Es un atropello atroz y flagrante a los derechos humanos de estas personas y de la comunidad.
Sergio Oceransky cierra este bloque haciendo un llamado a comunidades que estén viviendo situaciones semejantes a no dejarse intimidar y ejercer una defensa activa ante acusaciones penales. Hay formas de defenderse y una es fortalecer la unidad entre comunidades afectadas por la criminalización, por lo que pide que se unan otras comunidades afectadas por criminalización.
Devastación por CRIO de vestigios arqueológicos importantísimos y selva inundable
Federico May, del Consejo comunitario de Kinchil, denuncia que desde hace semanas la empresa Crío están destruyendo las ruinas del Tzemé, lo que constituye un ecocidio y etnocidio porque es la destrucción del pasado histórico de Kinchil. Recuerda que Tzemé fue una capital regional que llego a tener más de 10 mil habitantes, mantenía comercio con Campeche y Tabasco a través de la ría de Celestún, y según arqueólogos del INAH se debe proteger al menos todo el territorio a un kilómetro a la redonda de la estructura principal, ya que tiene importantes vestigios. Sin embargo, a escasos 300 metros Crío está devastando todo el territorio para construir nuevas naves en un área donde se encuentran basamentos, pirámides, sepulturas, plataformas, piedras labradas, cuando la ciudad del Tzemé debería cuidarse y evitar los saqueos. Además, se trata de una zona inundable, de selva baja caducifolia hogar de una amplia variedad de animales. Por esta razón, el Consejo Comunitario de Kinchil ingresó una denuncia al INAH el 16 de octubre y llaman al gobierno a detener la destrucción de su comunidad. Han observado que alrededor de 6 hectáreas ya fueron devastadas, el daño ya está hecho en contra del patrimonio de su pueblo.
Felix Antonio Canul Canul, trabajador del campo de Kinchil, agrega que Crío tumbó el alambre de las tierras que trabaja su familia desde hace cuatro generaciones, viven del ganado y la apicultura y eso es mucho daño, la destrucción que realizan les está afectando también a sus actividades de supervivencia. Respondiendo a preguntas, se informó que de manera informal el INAH ha comunicado que ya está clausurada la obra y se inició un procedimiento contra la empresa. Esta información es muy reciente, por lo que no sabemos aún si la obra está realmente parada o si Crío continúa devastando la zona.
¡ÚLTIMA HORA! Después de finalizar la rueda de prensa, Wilberth Nahuat recibió un citatorio para comparecer mañana en audiencia, donde espera que se sobresea la carpeta administrativa.
Aquí está la información: “Se comunica a toda persona que sigue el caso penal en contra del Comisario Municipal de esta comunidad, Santa Maria Chí, Municipio de Mérida, ciudadano Wilberth Nahuat Puc , que la fecha y hora para la audiencia para solicitar el SOBRESEIMIENTO de la carpeta administrativa 334/2024 tendrá lugar el día de mañana, jueves 30 de Octubre, a las 14:00 horas en la sala 7 del CEJOM en la ciudad de Mérida, Yucatán.”
Más información: maalob.cuxta@gmail.com, whatsapp 999 997 8288