Por Martha Elba Torres Martínez
agenciaesquema.com
Morelia, Michoacán, 19 de abril de 2024. – Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex presidente de la Suprema Corte y entrado a político chairo, “sacó para fuera” de la conversación pública y política, no solo a López Obrador sino a su candidata, y lleva toda la semana -y seguramente las próximas por eso de los juicios políticos-, como la prioridad 4T. A mitad de la campaña y a nueve días del segundo debate presidencial, bueno fuera para la causa que enarbolan contra la corrupción e impunidad, pero no.
Se trata de su inescrupulosa conducta como ministro y presidente del Poder Judicial de la Federación, que le deja un haber de retiro de casi 200 mil pesos al mes y como empleado “extraterritorial” del presidente López Obrador, se embolsaba la friolera de 300 mil; amen de los 11 millones de dólares que cobró a cuatro bancos por ampararlos en 2003 del Fobaproa, comparte el columnista Francisco Rodríguez.
Zaldívar es otro de los clásicos ricos cuatroteros -como les dice Paco- que se desgarran las vestiduras en defensa del “pueblo pobre” pero no le convida un pinche peso.
El caso que hace ocho días, el vienes 12 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza la presidenta de la Corte, Norma Piña, dio a conocer que había dado trámite a la denuncia anónima de 32 páginas que recibió el martes 9, en contra de Zaldívar y veinte personas más, por delitos como intimidación, extorsión y acoso de jueces, magistrados y secretarios de ese Poder, con el fin de obtener resoluciones a favor del Ejecutivo Federal y de los intereses personales y económicos de ex funcionarios señalados.
Esta denuncia anónima -porque obvio, ya estaría muerto el o los delatores- se hizo llegar al CJF, luego de que el 21 de febrero, el presidente López Obrador y por su propia bocota, aceptara en su mañanera, que le pedía “favores”, “respetuosamente”, al entonces presidente de la Corte, para que “interviniera” ante jueces, magistrados y ministros y resolvieran a su favor.
Aquí en Michoacán, en tiempos de los templarios, era bien sabido que cuando alguien -políticos, funcionarios y periodistas- era llamado “al cerrito” -por “La Tuta”-, negarse, era sentencia de muerte. En este caso, se les citaba “en el piso 14” de la torre del CJF para ´aflojarlos´.
Dijo López Obrador en esa mañanera -y por tanto debería ser llamado a declarar si van en serio las investigaciones-: “Se hablaba con él (Arturo Zaldívar) y él pedía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y decía ‘cuidado con esto’ (…) entonces, él ayudaba”.
Aceptó públicamente el Presidente de la República, que Arturo Zaldívar era su ayudante, su facilitador, a cambio de beneficios económicos y políticos. Si eso no es corrupción y vulnerar la autonomía e independencia de órganos juridiccionales, entonces no se qué.
El columnista Raymundo Rivapalacio cita siete casos en los que operó la mafia 4T en el Poder Judicial: Emilio Lozoya, Alonso Ancira y Odebrecht; Ayotzinapa y Jesús Murillo Karam; Genaro García Luna; Luis Cárdenas Palomino; Rosario Robles; Caja Libertad y Juan Collado, y un acuerdo reparatorio multimillonario al Infonavit por parte de una empresa. Hay que sumarle los sospechosistas fallos en torno a las obras insignia del régimen.
Si revisamos, solo García Luna esta en prisión y con sentencia en Estados Unidos; los demás, en prisión domiciliaria o libertad condicional. Así de chafa la Fiscalía de Alejandro Gertz que hasta pasantes de derecho le tumban sus grandes casos.
La denuncia, que a estas alturas ya no es tan anónima sobre la red de corrupción de Arturo Zaldívar, involucra como sus operadores, a Carlos Antonio Alpízar Salazar, actual Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Segob y ex secretario técnico del Consejo de la Judicatura y ex secretario técnico de la Presidencia del CJF; Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y actualmente magistrado federal; Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y hoy coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres y desde luego, a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia.
La denuncia pinta como absoluta verdad, por esa especie de picaporte para llegar al Presidente, que era Sherer Ibarra. Literal, atendía todos los asuntos públicos y políticos, como reveló el propio Presidente un día después de que se oficializara la renuncia de este rufián, el 1 de septiembre de 2021: llevaba “la relación respetuosa con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia”. Por cierto, el hijo del reconocido periodista, tiene un departamento con valor de 1.7 millones de dólares en Nueva York y de esto nunca se hizo escándalo como con los demás.
De acuerdo a la denuncia contra Arturo Zaldívar y sus cómplices, habrán sido unos 70 jueces y magistrados que fueron presionados y amenazados en 18 temas emblemáticos para López Obrador…
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