Opinión Picadita Con Café
En #Coatzacoalcos #Veracruz si existe el terrorismo, contrario a lo que se negó, tras el atentado en #Coahuayana. #Michoacán, en donde un coche bomba acabó la vida con seis personas, y dejó más de una docena de heridos.
En el Sureste Mexicano, la Fiscalia General del Estado de Veracruz (recien renovada de titular) y el Poder Judicial determinó comenzar un proceso por los delitos de Terrorismo, Encubrimiento por Favoritismo y Delito contra las Instituciones, en contra del comunicador Rafael León Segovia, alias «Alafita León».
Una frase emblemática de este personaje del sur de Veracruz, previo a iniciar cualquiera de sus transmisiones, incluso, en una escena violenta es: «…Lafita León, siempre, en los mejores eventos, eventos de calidad…Vamos 10 pasos adelante». Ahora, esos pasos le provocaron un tropezón, quizás por una sacadilla política.
No sin antes, dejar de lado, los escándalos en los que se ha visto envuelto, como han sido acusaciones, unicamente en redes, en contra de médicos supuestamente corruptos en la época de la pandemia o exhibir a una mujer en estado de ebriedad, en una banqueta, a las afueras de un bar en el Malecón de Coatzacoalcos, provocando un enjuiciamiento mediático, entre burlas y malestar por dichas imágenes.
En un análisis local, esta detención tiene «otros datos», que no tendrían que ver con el ejercicio periodistico, sino con reclamos sociales, debido a la falta de ética de quienes se ostentan como «periodistas», y que por décadas, varias y varios de ellos, han lucrado con esta profesión, ya sea con amenazas o falsas acusaciones, a cambio de dádivas o convenios publicitarios. Pero esa, es otra historia.
El caso del periodista sureño Lafita León, el cual generó endebles pronunciamientos por las Asociaciones de Periodistas Locales, (esto si se consideran realmente la gravedad de los delitos) genera la oportunidad para analizar a fondo como se está informando no solo en Veracruz, sino en México, en donde la libertad de expresión está en una línea muy delgada, entre la corrupción y la ética.
La orden de Aprehensión emitida por el Juzgado Primero de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos pone en la mira, no solo al comunicador, sino a las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz que encabeza Norma Rocío Nahle García, y la nueva Fiscal de FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, al calificarse a simple vista, como un atentado a la libertad de expresión.
Ahora, habrá que esperar que se determine legalmente, se habla de un posible encarcelamiento de hasta un año, pero, lo que es real, en este momento, es el interés del caso, mismo que sobrepasan a otros más graves, donde los comunicadores no tienen la posibilidad de defender su inocencia.