*Importante victoria de la comunidad frente a Fiscalía General del Estado y a poderosas familias cercanas al Gobernador y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
*Suspensión emitida por Juzgado Primero de Distrito en amparo 1494/2023 relativo al violento operativo de la SSP y la Fiscalía iniciado el 17 de agosto, en cuyo marco se “aseguraron” cientos de hectáreas comunitarias de las que se pretenden apropiar miembros de las familias Abimerhi y Millet.
*Comunidad maya de Ixil reafirma su determinación de detener el despojo de tierras colectivas, impedir los desarrollos inmobiliarios, y preservar el territorio vivo, sano y en manos de la comunidad.
agenciaesquema.com
Ixil, Yucatán, 9 de noviembre de 2023.– Tras una prolongada espera, la comunidad maya de Ixil celebró la emisión de una suspensión provisional dictada por el Juzgado primero de Distrito de Yucatán que deja sin efecto una orden de aseguramiento emitida por la Fiscalía General del Estado. Dicha orden, implementada desde el 17 de agosto pasado mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, resultó en el cierre de cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas y campesinas.
Miembros de las familias Abimerhi y Millet, con fuertes vínculos políticos y personales con el Gobernador, Mauricio Vila Dosal, y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, han intentado apropiarse de estas tierras comunitarias desde agosto de 2022. Con la complicidad de la Fiscalía General del Estado, en la recta final del sexenio, dichas familias están marcando lotes en las tierras comunitarias para avanzar en la planeación de un megaproyecto inmobiliario. La orden de aseguramiento, emitida en el marco de una supuesta investigación de la cual la comunidad no tiene conocimiento, está siendo utilizada para despojar a la comunidad a través de hechos consumados, intentando imponer los intereses económicos de familias de la élite yucateca a costa del sustento, cultura, medio ambiente y territorio de la comunidad maya de Ixil.
La orden emitida por la Fiscalía impidió la instalación de un sistema colectivo de riego fotovoltaico planeado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), dado que su implementación estaba planeada para los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, el proyecto sigue adelante con tres sistemas de riego colectivo fotovoltaico ya instalados y con otras acciones implementadas con grupos de productores de hortalizas (incluida la famosa cebollita de Ixil) y de mujeres y jóvenes que comparten el uso de un vivero tecnificado. Todas estas instalaciones se encuentran en las tierras aseguradas por la Fiscalía, de las que pretenden apropiarse las familias Abimerhi y Millet.
La SSP mantiene hasta la fecha varias unidades de manera permanente en las tierras de Ixil para impedir que la comunidad retire los alambres de púas que impiden el acceso con vehículos a caminos cosecheros y tierras de cultivo. Esto dificulta la producción agrícola en el área asegurada, al tener que transportar a pie tanto las herramientas de trabajo como los productos agrícolas de Ixil que se venden diariamente en el mercado local y de Mérida.
La suspensión provisional ordena a las autoridades responsables que “giren las instrucciones pertinentes a fin de que se permita acceso a los pobladores a dicho territorio que poseen”. Por tanto, la comunidad de Ixil podrá nuevamente abrir los caminos cosecheros para acceder sin restricciones a las tierras de cultivo y a los proyectos comunitarios que se ejecutan en su territorio. En ese sentido es preciso señalar que el Juez Primero de Distrito consideró que la suspensión debía concederse para “no causar daños de difícil reparación”, dado que las consecuencias del aseguramiento de la Fiscalía afectan espacios territoriales de la comunidad, pues impiden el ingreso de sus habitantes a las actividades y proyectos que han venido desarrollando, limitación que podría generar riesgo de la pérdida y afectación del desarrollo de esas actividades agrícolas y comunitarias.
Si bien la medida cautelar es provisional, existen todos los elementos para que el Juzgado Primero dicte, en su momento la suspensión definitiva, de tal manera que se garantice el acceso de la comunidad a su territorio hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. En ese sentido resalta el criterio protector del Juez Primero, que ponderó el derecho al territorio de la comunidad y las afectaciones que la medida de la Fiscalía causa, en contraste con lo señalado en su momento por el juzgado Quinto de Distrito, quien al negar la suspensión dentro del amparo 1366/2023, presentado por un amplio número de integrantes de la comunidad, no consideró la afectación territorial que dicha medida causa a la comunidad. El criterio del juzgado Quinto fue respaldado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, en donde labora como secretario de acuerdos un familiar de uno de los empresarios despojadores.
En esa lógica hacemos un llamado al Poder Judicial de la Federación para que en sus resoluciones aplique los estándares que en materia de protección de Pueblos Indígenas y territorio han emitido tanto los Tribunales Nacionales como los Internacionales, implementando también las medidas y criterios que consideren la situación de discriminación, exclusión y asimetría que vive la comunidad de Ixil, como integrante del Pueblo maya.
La asamblea comunitaria de Ixil, organizada desde 2019, ha logrado detener despojos de tierras ejidales y comunitarias, así como megaproyectos inmobiliarios y energéticos. Tras este importante paso, la asamblea reafirma y fortalece el compromiso de la comunidad en la defensa del territorio y medio ambiente de Ixil, para dejar a las generaciones futuras un futuro con calidad de vida, identidad y dignidad.
Más información: whatsapp 999 998 3091, [email protected]