- Asamblea comunitaria de Dzitnup decide por unanimidad ejercer autogobierno asambleario sin participación de partidos políticos, Consejo entrega oficio en IEPAC para transitar antes del proceso electoral de 2027.
- Ixil invita a medios y ciudadanía a ceremonia maya el domingo 25 en vestigios prehispánicos ubicados en tierras comunitarias aseguradas por Fiscalía General del Estado por petición de familias Abimerhi y Millet.
- Ixil y Fundación Yansa obtienen sentencia que establece la ilegalidad del tratamiento dado por PROFEPA a denuncias ambientales en todo el país, así como corrupción en relación a denuncias contra proyecto Cedrón. En otro proceso, SCJN atrae amparo de Ixil contra parque eólico.
- Consejo de Molas denuncia contaminación extrema de acuífero en principal área donde JAPAY extrae agua potable, con consecuencias nefastas de salud pública para todo Mérida, exigen clausura de granjas.
- SCJN decidirá si atrae amparo de Wilberth Nahuat de Santa María Chí contra su exclusión del Mecanismo de Protección de Defensores de Territorio y Periodistas, solicita respaldo de organizaciones y comunidades
- Consejo Comunitario de Kinchil toma acciones para que se reconozca a apicultores y milperos el usufructo de las tierras ejidales que trabajan y que puedan permanecer en programa Producción para el Bienestar.
- Consejo Maya de Caucel denuncia desplazamiento forzado de población maya por inmobiliarias. Señalan semejanzas, aunque a muy distinta escala, con ocupación sionista, expresan solidaridad con pueblo palestino.
- Jueza Federal de Jalisco emite orden de suspensión definitiva a Tribunal de Alzada de Jalisco a efectos de no vincular a proceso a Sergio Oceransky.
agenciaesquema.com
Yucatán, 22 de octubre de 2026.- EMANUEL CHAN COCOM, del Consejo Comunitario Ixil, invitó a la prensa y ciudadanía a una ceremonia maya de agradecimiento de la cosecha este domingo 25 de octubre. “Estas ceremonias siempre se han hecho de manera privada, pero en esta ocasión queremos que sea pública, que ustedes participen. Si nos honran con su presencia, podrán ver los terrenos que hasta la fecha de hoy siguen vigilados por la policía. Saldremos a las 9am frente al palacio municipal para dirigirnos a donde se hará la ceremonia.”
Informó asimismo sobre la sentencia del amparo 14/2026 y su acumulado 15/2026 (interpuestos, respectivamente, por la comunidad y la Fundación Yansa), del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, que ordena a PROFEPA dar acceso a toda la información sobre las inspecciones y medidas tomadas en relación a las numerosas denuncias interpuestas contra el desarrollo inmobiliario Cedrón: “Esos archivos estaban reservados, solo los podía ver la empresa demandada y PROFEPA, a nosotros que pusimos la denuncia nos negaban información, nos decían que clausuraron pero veíamos que siguen trabajando. El juez resolvió que nos den acceso a esa información”. SERGIO OCERANSKY de Fundación Yansa agregó: “Cuando se interpone una denuncia ante PROFEPA, se abren 2 expedientes, uno de denuncia popular, donde la única información es la que aporta al denunciante y algunos acuerdos de PROFEPA, y otro de inspección y vigilancia donde está la información sustancial, que se mantiene fuera del alcance de quienes denuncian. Esto es un mecanismo perfecto para la corrupción. En este juicio se declaró que la forma de operar de PROFEPA es contraria a los compromisos que asumió México al ratificar el acuerdo de Escazú, y se ordenó a PROFEPA dar acceso completo a todas las actuaciones que habían llevado a cabo en relación a todas las denuncias interpuestas por la comunidad y la fundación en relación al proyecto inmobiliario Cedrón. Lo que vimos es que PROFEPA cerró cada denuncia con una multa relativamente pequeña y cuando se volvía a denunciar, abrían un nuevo expediente de inspección y vigilancia afirmando que no había reincidencia, pese a que sí la había. Cuando hay reincidencia, se debe aplicar una clausura definitiva, la denegación de permisos al proyecto, y la restauración integral del daño ambiental. En el caso de Cedrón se denunciaron reiteradas violaciones de la ley ambiental, que la institución cerró con multas mínimas y negando que hubiera reincidencia. Ahora esta empresa está queriendo regularizar su proyecto, ha ingresado una manifestación de impacto ambiental. La comunidad ya le manifestó a SEMARNAT y PROFEPA que no pueden autorizar este proyecto por la reincidencia, pero la importancia de este caso va más allá de este proyecto: establece que la forma en que opera PROFEPA en todo el país es ilegal, y supone un presidente muy importante que nos gustaría que se conozca por otras comunidades, que sepan que existen mecanismos legales para acceder a la información que niega PROFEPA.”
Como último punto de Ixil, EMANUEL CHAN COCOM informó de que el amparo en revisión contra el proyecto eólico denominado Chicxulub, de Eólica del Mayab, “lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo que es muy relevante para nosotros porque pues se quieren tomar el monte de Ixil para poner un parque eólico en base a engaños y declaraciones falsas de las empresas, que dicen que esas tierras ya no son de Ixil, que ya es de particulares, lo que es falso”. El amparo en revisión tiene número de expediente 200/2026 en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 14 Circuito, el número de expediente asignado por la SCJN es el 634/2026.
Continuó ANTONIA POOT POOT, del Consejo Indígena de Dzitnup: “Hoy estamos aquí para hacer de su conocimiento que el pueblo de Dztinup está solicitando el autogobierno para la comunidad a través de la asamblea comunitaria, sin participación de partidos políticos. En muchos años las comunidades no hemos tenido un apoyo real de los diferentes gobiernos, municipales o estatales. En asamblea que hicimos el 4 de septiembre, la comunidad acordó de forma unánime que solicitemos iniciar el proceso ante el IEPAC para que las autoridades de la comunidad sean nombradas y revocadas en asamblea comunitaria, y que ya no haya elecciones para la comisaría municipal con participación de partidos políticos. El día de hoy nos acompañan todos los compañeros del Consejo Indígena para ir al IEPAC y entregar la solicitud, esperamos que sea bien recibida y tener una respuesta positiva a la petición de la comunidad.” SERGIO OCERANSKY agregó: “Sobre este tema hay un antecedente importante en San Luis Potosí, donde tres comunidades indígenas decidieron ejercer su derecho a la libre determinación y autonomía para autogobernarse sin partidos políticos, y las autoridades electorales de San Luis Potosí respondieron que eso no estaba previsto en la legislación estatal y que debían dirigir su solicitud al Congreso del Estado. Las comunidades interpusieron un recurso (SUP-REC-247/2026) ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual resolvió el 23 de septiembre de 2026 por unanimidad ordenar al CEEPAC (el equivalente del IEPAC para SLP) organizar consultas indígenas en los tres municipios. Si estas comunidades optan por el autogobierno sin partidos políticos, su decisión deberá ser acatada por las autoridades, que deberán adecuar los marcos institucionales para ello. En Yucatán se da la misma situación: el derecho a la libre determinación y autonomía para que las comunidades indígenas decidan sus formas de gobierno está consagrado en la Constitución, y el IEPAC debe aplicarlo aunque la legislación estatal aún sea deficiente en este sentido.”
Tras la rueda de prensa, los integrantes del Consejo Indígena de Dzitnup entregaron la documentación en la sede del IEPAC, acompañados por el Comisario Municipal actual, don BALDOMERO POOT MOO.
ROGELIO NARVÁEZ IUIT del Consejo Indígena Originario de Molas intervino a continuación, informado que “llegó Greenpeace con nosotros, hicieron unos estudios y las granjas que operan en Tebacal y en Texán Cámara ya está confirmado que están contaminando el acuífero con excremento de cochinos. Es una triste realidad pues nosotros les surtimos a Mérida de agua potable. Es momento de despertar la conciencia, que todos levantemos la voz. Esperamos que PROFEPA y SEMARNAT clausuren esas granjas, pues las muestras tomadas por Greenpeace en Texán son las más contaminadas de todas las que tomaron en Yucatán.” Varias de las granjas que están provocando esta contaminación son de la empresa porcícola San Gerardo, la misma que operaba en Santa María Chí.
WILBERTH NAHUAT, Comisario Municipal de Santa María Chí, añadió: “El temor que tienen las comunidades al levantarse ante estas situaciones es la criminalización. Yo vengo de casi 4 años con la denuncia penal por despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad, y pues con temor por la seguridad mía y de mi familia, pedimos al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que nos incorporara. En junio del 2025 nos negaron la incorporación, dijeron que era pleito entre particulares, no vieron que el fin de lo que estábamos protestando es la defensa de la vida, por el medio ambiente, por los niños y por la salud. Se procedió a hacer un amparo y estamos solicitando a la Suprema Corte que lo atraiga. A través de pues del Instituto Federal de Defensoría Pública estamos está solicitando esta atracción y pues solicitando a los aliados que nos ayuden para que la SCJN atraiga el caso y todo lo que tiene que ver con granjas. No solo es contaminación, también es criminalización y miedo, por eso pedimos su apoyo.”
A continuación FEDERICO MAY del Consejo Comunitario de Kinchil informó sobre dos temas: “En Kinchil están en riesgo 385 productores entre milperos y apicultores de perder el programa Producción para el Bienestar, porque el comisario ejidal se niega a hacer la asamblea para darles el reconocimiento del usufructo de los lugares donde trabajan, como han hecho otros comisarios, que es requisito para seguir teniendo el programa. Se le ha solicitado que convoque una asamblea adecuada, igual a su consejo de vigilancia, y no han convocado. Seguramente va a ser la autoridad agraria quien convoque la asamblea. El comisario tiene antecedentes querer vender nuestro monte simulando sociedades inmobiliarias para que queden control de sus abogados y por eso no le conviene dar un reconocimiento a los 385 productores distribuidos en todo el ejido y que producen miel y maíz.”
JUAN MÉNDEZ de Kinchil informó sobre la situación de las granjas avícolas que también contaminan el acuífero, y sobre las “maniobras perversas” con las que CRIO se hizo de unas tierras que pertenecen a su familia para instalar una megagranja que desecha la gallinaza en áreas deforestadas dentro de la selva, generando lagunas de contaminación. GREGORIA DZUL señaló que, como apicultora, le afecta mucho esta situación pues la presencia masiva de moscas afecta a las colmenas, y la contaminación afecta la floración y la salud del monte.
LUIS ÁVILA de Caucel Pueblo relató los despojos y presiones a los que la población originaria de Caucel ha sido sometida por la expansión de Ciudad Caucel, denunció la pérdida de tierras de cultivo y fuentes de ingreso para la comunidad maya, haciendo referencia a casos específicos que llevan denunciando desde hace muchos años. Agregó: “Queremos evitar un problema mayor, queremos que todos trabajemos de mutuo acuerdo porque si no hay el mutuo acuerdo entre autoridades tanto gobernador como presidentes municipales va a haber un levantamiento nuevamente como pasó hace años. Hay personas que están amenazando a que la población originaria abandone sus casitas ya hechas para que sigan construyendo las inmobiliarias, es lo que no queremos.”
SERGIO OCERANSKY señaló: “Si bien la escala es totalmente distinta, la situación de Caucel y otras comunidades mayas es parecida a lo que pasa en Palestina, en ambos casos intereses poderosos están desplazando a la población originaria, dejándoles sin casas, patios, animales, sembrados. Aunque la ocupación israelí es un genocidio que no se da de esta forma en Yucatán, son situaciones semejantes.” Pasando al tema de la Ley General Indígena, agregó: “En las asambleas regionales de consulta en Valladolid, Izamal y Maxcanú participaron comunidades mayas que se habían informado y habían tomado acuerdos en asamblea comunitaria para llevarlos a esas asambleas regionales. Hubo problemas para que esas posiciones fueran tomadas en cuenta”.
SERGIO OCERANSKY también informó sobre su situación legal en Jalisco: “Tras ser denunciado por una gran empresa inmobiliaria que está construyendo un megaproyecto en Yucatán, y no ser vinculado a proceso por no haber suficientes pruebas, la empresa apeló dicha decisión y logró que el Tribunal de Alzada de Jalisco ordenara al juez vincularme a proceso. Me impusieron medidas cautelares que incluyen que no puedo mencionar a la empresa. Yo me amparé y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el Juicio de Amparo 1168/2026, emitió una orden de suspensión definitiva por la cual, mientras dure el juicio de amparo, no debo estar vinculado a proceso. Sin embargo, el juzgado penal de Jalisco que me vinculó aún no acata esta orden, por lo que sigo vinculado a proceso, y la empresa que me demandó sigue insistiendo en encarcelarme. Ingresaron un recurso ante el mismo Tribunal de Alzada de Jalisco para que se ordene mi prisión preventiva bajo el argumento absurdo de que existen varias denuncias en mi contra. Y efectivamente, a fines de septiembre me llegó un citatorio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán respecto a una nueva carpeta de investigación en mi contra, no sé todavía de qué se trata.”
