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Ciudad de México, 21 de febrero de 2024.- En una decisión que ha sacudido los cimientos del ámbito judicial y político en México, un juez federal ha concedido la libertad condicional a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en relación con el caso de corrupción vinculado a la empresa brasileña Odebrecht.
Tras meses de espera y especulaciones, la resolución emitida por el juez ha marcado un hito en el controvertido proceso judicial que ha mantenido a Lozoya bajo custodia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La noticia ha desencadenado una serie de reacciones polarizadas, con defensores de Lozoya destacando el respeto al debido proceso y críticos cuestionando la integridad del sistema judicial mexicano.
El caso Odebrecht, que ha generado un escrutinio internacional sin precedentes, ha estado en el centro de la atención pública desde que estalló en 2016. Las acusaciones de sobornos y corrupción que rodean los contratos otorgados a la gigante constructora brasileña han implicado a altos funcionarios y políticos en varios países, incluido México.
La liberación de Lozoya, quien fue arrestado en febrero de 2020 en España y posteriormente extraditado a México, se produce después de intensas negociaciones entre su defensa y las autoridades judiciales. Se espera que su salida del Reclusorio Norte marque el comienzo de una nueva fase en el proceso legal, con un enfoque renovado en la cooperación del exfuncionario con las autoridades en la investigación en curso.
La decisión del juez de otorgar la libertad condicional a Lozoya ha avivado el debate sobre la eficacia y la imparcialidad del sistema de justicia mexicano. Algunos críticos argumentan que su liberación sugiere favoritismo hacia los poderosos, mientras que otros defienden que es un paso necesario para garantizar el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
Mientras tanto, la sociedad mexicana observa con atención cómo se desarrollará el próximo capítulo en el controvertido caso de corrupción que ha sacudido los cimientos del país y ha generado un profundo cuestionamiento sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la esfera pública.