- Grecia afirma que no entregará nada ante la posibilidad de «que le siembren algo» al celular se afirma probable corrupción en la FGE
Morelia, Mich.- La controversia en torno a la investigación por el homicidio de Carlos Manzo tomó un nuevo giro, luego de que Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, reconociera públicamente este lunes que no ha entregado el teléfono celular del exalcalde, bajo el argumento de que busca evitar cualquier posible manipulación del dispositivo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
La declaración ocurre después de que Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano de Carlos Manzo, señalara al Ayuntamiento de Uruapan y a la propia Grecia Quiroz por presuntamente no facilitar de manera inmediata los celulares del exedil, situación que, desde su perspectiva, debía ser aclarada por la autoridad investigadora.
Con esta postura pública, Juan Daniel Manzo sostiene que no mentía cuando pidió revisar también al círculo cercano de Carlos Manzo, al Ayuntamiento y a quienes pudieran tener información relevante para el esclarecimiento del caso.
Grecia Quiroz, por su parte, aclaró el tema del teléfono celular de Carlos Manzo y expresó: “No me voy a arriesgar a que le quiten o le pongan algo”, al referirse a los motivos por los cuales no habría entregado el dispositivo en los términos cuestionados.
El hecho abre nuevas preguntas sobre la cadena de custodia, el manejo de posibles evidencias y la responsabilidad de la FGE para garantizar que toda información relacionada con el caso sea preservada, revisada y puesta a disposición conforme a los procedimientos legales correspondientes.
En días anteriores, Juan Daniel Manzo afirmó que “no será tapadera de nada, ni de nadie” y exigió que la investigación no excluya ninguna línea, incluyendo al Ayuntamiento de Uruapan, exfuncionarios, escoltas detenidos y personas del entorno directo del exalcalde.
La declaración de Grecia Quiroz confirma que el teléfono celular de Carlos Manzo sigue siendo un punto sensible dentro del caso, mientras crece la exigencia pública de transparencia, legalidad y claridad en una investigación que mantiene fuerte impacto político y social en Uruapan.
