- El dinero público debe distribuirse con criterios transparentes y en beneficio de los usuarios; exigimos conocer a los accionistas, los compromisos financieros y las garantías para las familias transportistas: Martínez Pasalagua.
Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.— José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán (CRTM), rechazó las declaraciones de Marco Antonio Saucedo Zavala que atribuyen intereses políticos a la exigencia de distribuir equitativamente los subsidios al transporte público, y cuestionó que descalifique esa propuesta después de reconocer que participarán como socios y accionistas del Morebús y que requerirán apoyo gubernamental para su operación.
“Para el proyecto en el que usted participará, el subsidio le parece necesario; cuando exigimos equidad para los demás servicios y sus usuarios, lo descalifica. Esa contradicción debe explicársela a los michoacanos. Las descalificaciones no sustituyen los estudios ni justifican el destino del dinero público”, expresó.
Martínez Pasalagua precisó que la propuesta consiste en distribuir los apoyos considerando la proporción de usuarios atendidos, la cobertura y las necesidades comprobadas de cada servicio. Aclaró que hablar de la población movilizada por el transporte concesionado no equivale a atribuir esa representación a una sola organización.
“No estamos pidiendo una bolsa de dinero para un dirigente. Exigimos que los ciudadanos que diariamente utilizan combis y camiones también sean considerados. Mi planteamiento de distribución proporcional tampoco fue una petición específica de subsidio para taxis”, puntualizó.
El dirigente sostuvo que la participación económica reconocida por Saucedo en el Morebús obliga a transparentar los intereses y las condiciones bajo las cuales se solicita respaldo del presupuesto estatal.
Asimismo, reiteró su denuncia sobre los intereses económicos que atribuye a Saucedo Zavala, Alfredo Ramírez Bedolla y Gladyz Butanda en el proyecto, y exigió hacer públicos los documentos que permitan esclarecer la participación y los beneficios de cada involucrado.
“Que se exhiban la integración de la empresa, sus accionistas, los contratos y las reglas del fideicomiso. Que se conozca quién aporta, quién decide, quién cobra y quién responderá si los ingresos no alcanzan. Los michoacanos no tienen por qué firmar un cheque en blanco para sostener el negocio de nadie”, señaló.
Respecto del esquema de asociación con 260 concesionarios que, según indicó, fue señalado por el gobernador, demandó precisar qué aportará la empresa, qué comprometerán los transportistas, cómo se repartirán los ingresos y qué garantías protegerán sus concesiones y su patrimonio.
LOS COSTOS DEBIERON CALCULARSE ANTES DE COMPROMETER A LOS TRANSPORTISTAS
Martínez Pasalagua afirmó que el precio de las unidades, el financiamiento, el mantenimiento y los gastos de operación debieron evaluarse junto con la demanda y los ingresos esperados, antes de comprometer inversiones y ofrecer rentabilidad a los participantes.
“Si desde el principio sabían que el ingreso por pasaje no alcanzaría, debieron explicar cuánto faltaría, quién lo pagaría y durante cuántos años. Un subsidio debe acreditar su beneficio social; no puede convertirse en una cobertura ilimitada de errores de planeación ni en una garantía de ganancias privadas sin controles y obligaciones”, manifestó.
Por ello, exigió publicar los estudios de demanda, impacto social y sostenibilidad financiera del Morebús y de los teleféricos, así como los montos, plazos, fuentes de financiamiento y criterios de evaluación de los apoyos públicos.
Advirtió que, sin esa información y sin resultados verificables, existe el riesgo de sostener durante años proyectos que absorban recursos necesarios para otras prioridades de Michoacán.
EL PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS TRANSPORTISTAS NO ES MONEDA DE CAMBIO
El representante de la CRTM reclamó respuestas para los concesionarios de las rutas del poniente involucradas, ante la posibilidad de que sus recorridos queden sujetos a un esquema de alimentación del nuevo sistema.
“Que les expliquen por escrito qué ingresos tendrán, cómo pagarán sus unidades y qué alternativas recibirán quienes resulten afectados. No se puede incorporar a los compañeros con promesas de prosperidad y después dejarlos con las deudas y las condiciones que otros decidan”, sostuvo.
Recordó que la CRTM ha planteado mejorar y reestructurar los servicios existentes para ampliar la cobertura y atender a las colonias que carecen de transporte suficiente. Exigió que esa propuesta reciba una respuesta técnica y que se expliquen las razones para privilegiar otras alternativas.
“La modernización debe demostrarse en mejores traslados, cobertura suficiente y costos accesibles. No autoriza a pisotear derechos ni a comprometer el sustento de quienes han prestado el servicio durante décadas”, agregó.
Finalmente, Martínez Pasalagua reiteró que la exigencia de subsidios equitativos tiene un fundamento económico y social: proteger a los usuarios, mejorar el servicio y evitar un trato privilegiado en la distribución del presupuesto.
“No hay usuarios de primera y de segunda. Tampoco debe haber concesionarios privilegiados y concesionarios condenados al abandono. Michoacán merece cuentas claras, y las familias transportistas merecen respeto”, concluyó.
COMISIÓN REGULADORA DEL TRANSPORTE DE MICHOACÁN
