Michoacán, 29 de julio de 2026.- La propuesta del Gobierno Federal para modificar las reglas que deberán seguir las estaciones de radio y televisión ya provocó una ola de reacciones en el país. Organismos de la industria y asociaciones de periodistas advirtieron que algunos puntos podrían convertirse en un riesgo para la libertad de expresión.
El proyecto, que actualmente se encuentra en consulta pública y permanecerá abierto hasta el 21 de agosto, contempla nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión, como contar con un Código de Ética, un Defensor de las Audiencias y diferenciar claramente la información, la opinión y la publicidad. Además, establece reglas para evitar la difusión de información falsa o descontextualizada.
Aunque el Gobierno Federal aseguró que la iniciativa busca fortalecer los derechos de las audiencias y no censurar a los medios, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su preocupación por varios apartados del documento.
La organización señaló que algunos lineamientos son ambiguos y podrían permitir que la autoridad determine qué información puede considerarse falsa o descontextualizada, además de revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias.
También cuestionó las sanciones económicas contempladas, al advertir que podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de los concesionarios, además de pedir que las quejas no puedan presentarse de forma anónima para evitar denuncias utilizadas como mecanismo de presión contra periodistas y medios de comunicación.
En medio de la polémica, periodistas y ciudadanos difundieron una Carta Abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la consigna “México No Se Calla”, en la que sostienen que los derechos de las audiencias no deben convertirse en un pretexto para vigilar, regular o desalentar opiniones críticas.
En Michoacán, la Asociación Michoacana de Periodistas A.C. (AMIPAC) también fijó una postura contundente y rechazó cualquier intento de otorgar al Estado facultades para sancionar o restringir contenidos periodísticos bajo el argumento de combatir las llamadas “noticias falsas”.
La organización afirmó que ningún gobierno debe decidir qué información puede difundirse y cuál debe castigarse, al advertir que ello abriría la puerta a la censura, la intimidación y la autocensura.
AMIPAC hizo un llamado a periodistas, medios de comunicación, universidades, organizaciones civiles y a la sociedad a mantenerse unidos en defensa de la libertad de expresión, al considerar que cualquier reforma relacionada con la comunicación debe respetar plenamente los derechos consagrados en la Constitución.
“Porque un país que calla a sus periodistas, termina por callar a su pueblo”, concluyó la asociación en su posicionamiento.
