El reportaje publicado el 6 de agosto de 2026 en @Milenio, titulado “De luchador social, alcalde y diputado a sicario del Mencho”, presenta una versión incompleta de los hechos y construye una historia a partir de insinuaciones.
No existe investigación, imputación, proceso penal, orden de aprehensión o resolución judicial alguna que me relacione con el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo ni con los hechos mencionados en el reportaje.
Sobre Roldán Álvarez, mi postura ha sido clara: si tiene alguna responsabilidad penal, debe determinarse conforme a la ley y debe presentarse ante las autoridades. Antes de formar parte de mi gobierno, trabajó en la administración de Lázaro Cárdenas Batel. Eso no convierte ni a Lázaro ni a mí en cómplices de nadie. Tampoco ser hermano del llamado “R1” lo hace automáticamente responsable de sus actos. La responsabilidad penal es individual y debe demostrarse con pruebas, no por parentesco, amistad o relación política.
El reportaje también deja fuera que las investigaciones han llevado a la detención de 31 personas, entre ellas el “R1”, integrantes de un cártel criminal y personas del círculo cercano de Carlos Manzo, como Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan.
Las acusaciones hechas por Grecia Quiroz en mi contra carecen de pruebas. Incluso Juan Manzo Rodríguez le ha exigido que entregue los celulares de su hermano, que exija la detención del coronel Manuel Jiménez —quien es el asesino del adolescente, autor material del homicidio de Carlos Manzo— y que deje de utilizar este caso con fines electorales.
También llama la atención que un reportaje de esta naturaleza tome como referencia a Narcopolíticos, un sitio que no es una fuente oficial ni sustituye las investigaciones de las autoridades.
El caso de Carlos Manzo merece verdad, justicia y castigo para los responsables, no acusaciones sin pruebas ni su utilización con fines electorales.
