Las iniciativas de reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán fueron presentadas en el Pleno por el diputado priista.
Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2025.- “Michoacán no puede aguantar más abusos contra su gente trabajadora”, afirmó el diputado priista, Memo Valencia, al proponer una reforma al Artículo 204 del Código Penal estatal para aumentar la pena del delito de robo hasta diez años cuando se cometa contra una persona en el momento o posterior, en un intervalo razonable, de disponer dinero en efectivo de una institución bancaria, financiera y/o alguna tienda de conveniencia o similar.
«El robo a quienes recién han dispuesto dinero en efectivo de un cajero automático se ha convertido en una práctica alarmante que atenta contra el mínimo vital de las familias, más aún cuando hemos sabido de casos realizados contra abuelitas y abuelitos después de cobrar su pensión», dijo.
Recordó que este tipo de robos ha aumentado de manera preocupante en la entidad, por ello, la reforma va particularmente hacia aquellos hurtos que se comentan con violencia y en circunstancias donde las víctimas quedan totalmente indefensas.
Asimismo, el legislador local presentó una segunda iniciativa para reformar el segundo párrafo y adicionar un tercero al Artículo 187 del Código Penal para el Estado de Michoacán, el cual menciona que en el caso de amenazas de muerte, y donde existan circunstancias que permitan determinar la credibilidad de violencia, a juicio de la autoridad, la pena sea de dos a seis años de prisión y de quinientos a mil días multa y caución de no ofender.
«Endurecer las penas por proferir amenazas de muerte, creíbles de violencia hará que se visibilice este tipo de delitos y se les brinde la debida atención por parte de las autoridades y que quienes lo hacen de manera imprudente, sin medir consecuencias, producto del enojo, la piensen dos veces antes de ejercer este tipo de violencia psicológica que también afecta el tejido social», mencionó.
En este caso, la reforma pide también que, cuando quede acreditado a juicio de la autoridad la credibilidad de violencia, el delito se persiga de oficio, para evitar que se intimide nuevamente al querellante y así no retire su denuncia.
Cabe mencionar que ambas propuestas de Memo Valencia, fueron suscritas por 20 diputados de la 76 Legislatura local.
