Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2025.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó ante el pleno una iniciativa para que aquellos funcionarios públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves, sean inhabilitados definitiva o permanente.
Lo anterior, lo planteó durante la sesión de este miércoles en el recinto legislativo michoacano, donde explicó que esta iniciativa se contempla en la Ley de Responsabilidades Administrativas, con la que se pretende frenar y sancionar los casos de corrupción e impunidad en el estado, derivado de la alta incidencia que se ha registrado en los últimos tiempos en este sentido.
«La “Muerte Cívica» a funcionarios y políticos corruptos, ha sido un tema prioritario para al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, ya que representa la materialización institucional de uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló.
Agregó que la corrupción en Michoacán, es uno de los principales problemas públicos que deben ser atendidos con particular urgencia, ya que no solo representa una conducta inmoral por parte de políticos, funcionarios, servidores públicos y contratistas gubernamentales; sino que también trae consigo graves implicaciones políticas, económicas y sociales que debilitan el Estado de derecho, profundizan la pobreza y la desigualdad, e incrementan las violaciones a los derechos humanos.
El líder parlamentario petista, refirió que esta entidad, los casos de corrupción también representan una de las principales preocupaciones y malestares sociales, que se ha imbricado con otra serie de problemas arraigados en el contexto económico, social y político, y que deben combatirse con normas y procedimientos adecuados, reto que reposa primeramente en abatir la impunidad.
«Sostenemos con firmeza que una persona que accede al honor de representar la voluntad de la ciudadanía desde un espacio público, y quebranta con sus acciones la confianza que deviene con tal encomienda, debe verse despojado de la posibilidad de continuar dañando la integridad del servicio público y de las instituciones que tanto esfuerzo ha costado edificar, pues dicho sea de paso, el servicio público representa un alto honor para cualquier funcionario público, y no, por el contrario, un derecho irrenunciable para malos ciudadanos», acotó Reyes Galindo.
