- Cuatro quejas han sido presentadas contra el titular de un tribunal laboral; empleados advierten que el conflicto ha provocado que varios soliciten licencia sin goce de sueldo
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MORELIA, Michoacán, 2 de septiembre de 2026.- Un grupo de trabajadores del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Michoacán denunció un presunto ambiente de acoso, hostigamiento y abuso de autoridad al interior del órgano jurisdiccional, situación que, aseguran, ha escalado hasta provocar que varios empleados se alejen temporalmente de sus puestos.
Los señalamientos están dirigidos contra el titular del tribunal, Luis Alberto Rodríguez Garza, y ya derivaron en cuatro quejas presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial desde noviembre de 2025. Los trabajadores cuestionan que, pese a la gravedad de las acusaciones, no exista información clara sobre el avance de las investigaciones ni sobre medidas suficientes para proteger a quienes han denunciado.
Según el escrito, el conflicto ha tenido consecuencias entre el personal, particularmente entre mujeres, quienes habrían enfrentado situaciones de acoso sexual, presiones laborales y un entorno que consideran hostil. Dos trabajadoras, una en periodo de lactancia y otra con un embarazo de alto riesgo, habrían solicitado licencia sin goce de sueldo, mientras que esta semana se sumaron otros cuatro empleados a esta medida.
Los denunciantes también señalan que desde la instalación del tribunal, en 2022, habrían sido recurrentes las expresiones ofensivas, misóginas y de contenido sexual atribuidas al juzgador. Además, pidieron revisar los procesos de contratación y asignación de personal ante posibles conflictos de interés o influencias externas, a partir de presuntos vínculos políticos que, aclaran, por sí solos no constituyen prueba de alguna irregularidad.
Ante ello, los trabajadores exigieron que se adopten medidas para evitar represalias y que las acusaciones sean investigadas de manera independiente y con perspectiva de género. También plantearon la posibilidad de separar temporalmente al juzgador mientras se desarrollan las indagatorias, si jurídicamente resulta procedente, y advirtieron que mantendrán sus acciones hasta obtener una respuesta institucional verificable.
